El tema Alberto Fujimori polariza a la sociedad peruana, sobre todo en las dos últimas décadas, es por eso que la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar su excarcelación provocó reacciones a favor y en contra.
Sentenciado a 25 años de cárcel por los casos Barrios Altos y La Cantuta, fue liberado tras una orden del Tribunal Constitucional de Perú que había exigido su excarcelación inmediata en restitución de un indulto recibido en 2017. Una medida judicial que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado al gobierno peruano no ejecutar por considerar que va en contra de los derechos humanos de las víctimas de los casos que datan del primer gobierno de Alberto Fujimori en la década de los noventa. Casos considerados crímenes contra los derechos humanos.
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El caso Fujimori es más complicado de lo que se cree. En marzo del 2009, después de 15 meses de juicio, el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel por el Tribunal Supremo, por graves violaciones a los DD. HH. En ese entonces Alberto Fujimori tenía 70 años.
El Tribunal lo declaró culpable de los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía, lesiones graves y secuestro en los casos Barrios Altos y La Cantuta, hechos ocurridos en 1991 y 1992 respectivamente. Además de los secuestros de un periodista y un empresario. Este sucedió durante la época de la lucha contra el terrorismo, cuando Sendero Luminoso actuaba con mucha violencia en todo el país.
Fujimori defendió su nombre y se declaró inocente. Dijo que no tenía conocimiento de lo que hacían los escuadrones paramilitares como el Grupo Colina y dijo que estas actividades se habían realizado sin que él se hubiera enterado. En el fallo se explicó que los delitos fueron ejecutados por agentes públicos del Estado y que las víctimas se les atribuyo vinculación con el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Alberto Fujimori pasó a cumplir su sentencia en el penal Barbadillo, lugar donde irónicamente están detenidos otros 2 expresidentes como Alejandro Toledo y Pedro Castillo Terrones. Alberto Kenya Fujimori fue presidente de Perú entre 1990 y el 2000.
El indulto a Fujimori data del 2017, cuando a vísperas de la Navidad, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió otorgarle un indulto humanitario, una acción de que no logro ejecutarse por completo, pues en marzo del año siguiente se revelaron audios que comprometieron a congresistas fujimoristas y del gobierno sobre la compra de votos para evitar un pedido de vacancia de PPK. En medio del escándalo, el indulto no se ejecutó y fue anulado por la Corte Suprema.
En mayo de 2018, la CIDH también pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, por los que el expresidente fue condenado. Con este revés judicial, los abogados de Fujimori decidieron presentar un habeas corpus en búsqueda de la liberación de su cliente, el tiempo pasó y el caso llegó a instancias del Tribunal Constitucional.
Pero fue hasta el 29 de noviembre pasado, cuando el Tribunal Constitucional reactivó el caso para que el exmandatario fuera liberado. Pese a los pedidos de la Corte Internacional, Fujimori, ya de 85 años, salió del penal de Barbadillo luego de 14 años.
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La sociedad peruana está nuevamente dividida y hay quienes piden que Fujimori regrese a la cárcel a cumplir su pena y otros quieren que el tema concluya y sé de vuelta a la página.
Por lo pronto, Alberto Fujimori está en casa de su hija mayor Keiko, mientras hay quienes analizan las consecuencias para el Perú por no haber acatado la recomendación de la CIDH. Teniendo en cuenta que el país forma parte del Sistema Interamericano de Justicia y que en principio está sometido a las decisiones jurisdiccionales que emite esta corte.