España está más dividida que nunca: Para la derecha y sus principales críticos, el líder socialista Pedro Sánchez ha cometido un golpe de estado.

El político de 51 años logró el apoyo necesario para su investidura con los votos claves de los partidos catalanes separatistas, con quienes había negociado una ley de amnistía.

El principal reto de Pedro Sánchez era cerrar un acuerdo con los grupos independentistas catalanes, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, para lograr el voto a favor de sus 14 diputados en el Congreso.

Apoyo ofrecido a cambio de una ley de amnistía para los políticos encausados o juzgados por promover la independencia de Cataluña en años anteriores, así como el reconocimiento del derecho a la autodeterminación catalana.

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Esta ley favorecería a políticos como Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña y hoy refugiado en Bruselas, ya que no puede regresar a España. También a sus ex consejeros Toni Comin, Lluis Puig y Clara Ponsatí.

La amnistía, es el perdón que los poderes públicos conceden a la comisión de un delito y a la posible pena.

Como precedente tenemos lo ocurrido en octubre de 1977, durante la transición, las Cortes resultantes de las primeras elecciones generales celebradas tras la dictadura de Francisco Franco aprobaron una ley de amnistía que benefició a los presos y condenados por delitos de intencionalidad política cometidos previos a la promulgación de esta ley.

Esta ley, que el partido de Sánchez pretende que sea tramitada en las Cortes por el procedimiento de urgencia, contempla beneficiar a todos aquellos que promovieron la consulta popular de noviembre del 2014 y el referéndum de independencia del 01 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por la justicia española.

Los beneficiados verían extinguida su responsabilidad penal, administrativa y contable sobre los actos que fueron objeto de juicio. Específicamente, se beneficiarían a las personas encausadas o condenadas entre el 01 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.

En caso de que la ley sea aprobada, las personas que puedan acogerse a esta tendrán un margen de cinco años para solicitar su amnistía, mientras que los órganos judiciales competentes para cada caso deberán dar respuesta en un plazo máximo de dos meses.

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Lo que resulta irónico es que Sánchez para poder gobernar España debió negociar con aquellos que buscan independizarse del país ibérico.

Un día después de la investidura de Sánchez, la agencia de medición de riesgo Moody’s ha alertado del posible impacto negativo sobre la calificación de España de los pactos con los socios que la hicieron posible.

“El proceso que nos ha traído hasta este día no ha sido fácil. Gracias por la confianza». Así concluyó su discurso de investidura el reelecto jefe del Gobierno español, mientras las calles se encienden y las protestas van en aumento.