El Banco Mundial dio un financiamiento de 125 millones de dólares para la ampliación y mejora del acceso a servicios de electricidad sostenibles para 141 mil personas de comunidades rurales de los municipios Beni, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija en Bolivia.

“El financiamiento es un gran logro y este esfuerzo tiene como meta llegar a cada hogar en las áreas rurales, asegurando que la expansión de los servicios eléctricos sea inclusiva y abarque a todas las comunidades”, declaró Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia.

El crédito otorgado al gobierno de Bolivia abre la oportunidad para que más de 141 mil personas tengan acceso nuevo o mejorado a la electricidad para uso doméstico y productivo a través de la extensión de redes, construcción de mini redes e instalación de sistemas de energía solar (fotovoltaicos) individuales.

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Según el funcionario del gobierno de Bolivia, las soluciones tecnológicas beneficiarán a hogares e instituciones públicas como escuelas y centros de salud, entre otras, así como a unidades productivas de pequeña escala en los sectores agrícola, comercial e industrial.

“La colaboración activa con distintos niveles de gobierno y la participación de las comunidades son elementos clave para llevar la electricidad a todos los rincones del país y mejorar la calidad de vida de sus habitantes», manifestó el ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia.

La instalación de las redes, la construcción de minis redes y los paneles solares elevará la cobertura de electricidad de 84 por ciento a 95 por ciento en Bolivia.

También, el proyecto fortalece al sector eléctrico nacional a través del robustecimiento del área de distribución de electricidad y apoya a las políticas públicas para una transición energética justa en Bolivia.

Una de las estrategias trazadas por el gobierno de Bolivia busca reemplazar los combustibles fósiles —como diésel o queroseno— para generar energía, por fuentes renovables como solar o eólica, entre otras, lo cual ayudará a reducir la contaminación. Todo esto incluyendo educación a los usuarios para el uso sostenible de la electricidad y la eficiencia energética.

Será ejecutado por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y el Programa de Electricidad Para Vivir con Dignidad (PEVD) del Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) en un periodo de 6 años.

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El proyecto tiene alcance para toda Bolivia, pero su ejecución se iniciará en municipios rurales de Beni, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija.

Se prevé la instalación de 25 mil 500 conexiones domiciliarias por redes eléctricas, 300 conexiones en unidades productivas, más de 9 mil sistemas fotovoltaicos domiciliarios autónomos, 350 sistemas fotovoltaicos en instituciones públicas y cerca de mil 100 conexiones por mini redes o sistemas híbridos alimentados con energía renovable en hogares.

La ampliación de las redes eléctricas aportará a la resiliencia del sector a eventos climáticos extremos, aplicando estándares de alto diseño en la construcción, incluyendo la infraestructura de conexión para los usuarios.

La implementación de sistemas fotovoltaicos y mini redes con energías renovables aportará a la mitigación y adaptación al cambio climático dado que aumentará el uso de electricidad con muy bajas emisiones de carbono.

“El incremento del acceso a la energía beneficiará a los pobladores de áreas rurales donde las inversiones en electricidad no suelen llegar fácilmente y tendrá un impacto positivo en la calidad de vida, bienestar y productividad de las mujeres,”, afirmó Camille Nuamah, representante residente del Banco Mundial en Bolivia.

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Con este financiamiento y la experiencia lograda en los proyectos de Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural (IDTR I y II) y Alianza Global para la Ayuda Basada en Resultados (GPOBA, por su sigla en inglés), financiados por el Banco Mundial, se busca apoyar a Bolivia a alcanzar los objetivos de acceso universal a electricidad para el año 2030.

El monto aprobado corresponde a un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con un plazo de vencimiento de 24 años y un periodo de gracia de 11 años.