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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asegura que los países de América Latina requieren una inversión de 1.3 billones de dólares para implementar las medidas, estrategias y políticas para frenar el cambio climático.
“En América Latina y el Caribe, lograr los objetivos del Acuerdo de París requeriría dedicar entre el 7 por ciento y el 19 por ciento del Producto Interno Bruto, un valor de hasta 1.3 billones de dólares en gastos públicos y privados cada año”, dice el organismo dirigido por Mauricio Claver-Carone.
Dentro de las políticas propuestas del BID a los países de América Latina es la atracciones inversión y no represente un costo neto es necesario acudir a las acciones, ya que los beneficios serán mayores a los costos que tendrán las consecuencias de no invertir para enfrentar el problema ambiental.
El 12 diciembre de 2015, en la COP21 de París, las Partes de la CMNUCC alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono.
El Acuerdo de París se basa en la Convención y, por primera vez, hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a hacerlo. Como tal, traza un nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial.
El objetivo central del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados.
En definitiva, la acción climática no se trata de gastar más, sino de hacerlo de manera diferente. El BID sugiere que los gobiernos disponen de muchas acciones eficaces y políticamente viables para reorientar el gasto y avanzar hacia el logro de una economía con cero emisiones contaminantes netas.
La necesidad de que los países inviertan en mecanismos que frenen las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI, por sus siglas en inglés) preocupa a las naciones ya que, con base en el informe, los efectos del cambio climático comenzaron a materializarse en las últimas décadas afectando a las comunidades más vulnerables de América Latina y el Caribe.
En 2020, las temperaturas promedio superaron el récord histórico en 4.2 grados centígrados (°C) en Florianópolis, Brasil, así como 2,4 °C en Ciudad Juárez, México; y 4,9 °C en Santa Rosa, Ecuador, según el BID.
Mientras que en el mismo año, Brasil, Paraguay y Bolivia tuvieron la peor sequía en 50 años, además de que se registraron alrededor de 30 tormentas tropicales en la cuenca del Atlántico.
“Para 2030, se espera que los impactos socioeconómicos del cambio climático sean iguales o peores que la devastación que causó la Covid-19 en 2020, que provocó un aumento en la pobreza extrema de 5 millones de personas en la región, llevándola a 86 millones”, alerta el banco de desarrollo.
Para el BID, el gran desafío que enfrenta el organismo internacional ante la necesidad de inversiones será priorizar y coordinar las intervenciones gubernamentales en todos los sectores y los diferentes niveles de gobierno, para ello se crearon dos instrumentos bajo el Acuerdo de París que las naciones pueden instalar para lograrlo:
El primero son las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), un compromiso nacional público para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático, a menudo de mediano plazo (aproximadamente, para 2035). El segundo son las Estrategias de Descarbonización a Largo Plazo (ECLP o LTS, por sus siglas en inglés), que proporcionan hojas de ruta hacia un desarrollo con bajas emisiones para 2050.
“El impacto de invertir en acciones que detengan el cambio climático se verá en la transición a una economía de carbono neutral, la cual puede beneficiar a la región con 15 millones de empleos nuevos netos y un 1 por ciento de crecimiento adicional del PIB para 2030”, prevé el BID.
El banco de desarrollo propone acciones específicas en materia de electricidad, transporte, agricultura, silvicultura y uso de la tierra, construcción, industria y residuos, sectores donde los gobiernos pueden invertir dependiendo de las condiciones económicas, político-sociales y demográficas de cada país.
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El objetivo central del Acuerdo de París, creado desde diciembre de 2015, además de reforzar la estrategia internacional ante el aumento de la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados centígrados, es lograr que las corrientes de financiación para combatir el cambio climático sean coherentes con un nivel bajo de las GEI.
Para alcanzar los objetivos se requiere que los países establezcan un marco tecnológico nuevo y mejorar el fomento de la capacidad, con el fin de apoyar las medidas que adopten los países en desarrollo y los países más vulnerables, en consonancia con sus propios objetivos nacionales, y movilizar y proporcionar los recursos financieros necesarios.
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