Una orden de detención recae sobre el expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani desde la semana pasada por presuntos vínculos con la muerte de seis sacerdotes jesuitas, una empleada doméstica y su hija de 16 años en 1989.
Las víctimas fueron asesinadas por el Ejército durante la Guerra Civil, según la Fiscalía. Esto sucedió en el primer año del mandato de Cristiani, que duró de 1989 a 1994.
El caso es conocido como el de los mártires de la UCA, en referencia a la Universidad Centroamericana Simeón Cañas (UCA). Los curas eran profesores y altos cargos de esta institución, que para el Ejército era sospechosa de favorecer la Teología de la Liberación, una corriente cristiana identificada como de izquierdas por buscar dar preferencia a los más necesitados. Para los militares salvadoreños, esto significaba estar aliado con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con quienes llevaban ya una década peleando.
Cinco de los jesuitas eran españoles y el resto de víctimas eran salvadoreñas. Según la Fiscalía, Cristiani sabía de los planes militares para asesinarlos pero no hizo nada por detenerlos, informa The Guardian.
Cristiani, de 74 años, dejó El Salvador el año pasado, tras comparecer en una comisión del Congreso que investiga pagos irregulares a exfuncionarios. Desde entonces, no se sabe dónde reside.
Sin embargo, en un comunicado, el expresidente negó estas acusaciones, según informó France24: «El fiscal general, de mala fe y con claro desprecio a la verdad, me ha acusado públicamente de omisión y de encubrimiento. La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos”.
Cristiani aseguró que los militares «nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos». Además, añadió que no considera que en la actualidad haya garantías procesales en El Salvador.
El comando de nueve personas acusado de cometer el asesinato fue juzgado a principios de los 90, pero solo dos fueron declarados culpables mientras que el resto fue absuelto. Los dos sentenciados cumplieron condenas cortas.
No obstante, en España, una corte consiguió extraditar de Estados Unidos y juzgar en 2020 al antiguo coronel Inocente Orlando Montano. El ex mando militar fue declarado culpable de haber sido una de las autoridades que ordenó la matanza. A sus 77 años, la justicia le asignó una pena que suma 133 años, 4 meses y 5 días de prisión por la autoría de cinco delitos de asesinato de “carácter terrorista”, según publicó entonces el diario El País. Montano no pudo ser juzgado por los asesinatos de las víctimas salvadoreñas, ya que los casos de estas no habían sido autorizados por el gobierno estadounidense.
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